El ex Comandante en Jefe del Ejército chileno Juan Miguel Fuente-Alba ha sido absuelto en el Tribunal Penal de Santiago en un caso de lavado de dinero. Inicialmente, la fiscalía tenía confianza en el éxito del caso. La investigación averiguó que el retirado general había tomado como cómplice a su esposa Anita María Pinochet Ribbeck y luego realizó una serie de transacciones dudosas entre 2010 y 2014. Se hallaron montantes sospechosamente altos en las cuentas del matrimonio.
El fiscal solicitaba 15 de años de presidio para Juan Miguel Fuente-Alba. Sin embargo, el caso se vino abajo ante el tribunal. Según el tribunal, los informes financieros no era fiables. Los extractos bancarios se hicieron de forma incorrecta. No había sido posible establecer la finalidad de los pagos que se hicieron en efectivo. La base probatoria resultó insuficiente.
“Lo anterior, claramente denota una falta de precisión y rigurosidad en la investigación, en el entendido que el análisis contable financiero debe efectuarse necesariamente bajo el prisma de la investigación de un delito de lavado de activos”, señaló el tribunal.
Se han agotado las preguntas del tribunal hacia el general. Al contrario, abundan dudas a la investigación y a los bancos que prestaban servicio a Juan Miguel Fuente-Alba y Anita María Pinochet Ribbeck.
¿Quién tiene la culpa de que los extractos bancarios resulten ser basura? ¿Y que no se pudieran rastrear todas las transacciones en efectivo? Las acusaciones en voz alta contra un militar del calibre de Fuente-Alba deberían estar respaldadas por pruebas más serias que un par de cheques arrugados con fecha perdida.
Si la investigación ha hecho su trabajo y las pruebas simplemente han desaparecido, ¿dónde están las declaraciones al respecto? Para el público, la historia de la guerra entre el general y la fiscalía no se ha aclarado.