La empresa Quiborax, operadora del Salar de Surire en la región de Arica y Parinacota, enfrentará una paralización temporal de tres meses luego de que el Primer Tribunal Ambiental acogiera una medida cautelar interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta decisión judicial, que suspende las actividades mineras hasta el 31 de diciembre de 2024, ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes advierten sobre los posibles efectos sociales y económicos que tendrá este cierre.

Daniel Ocqueteau, gerente de Quiborax, señaló que, aunque la solicitud inicial del CDE para detener las operaciones durante todo el juicio no fue acogida, la empresa se enfrenta a “un cierre de faenas, aunque sea temporal, lo que impactará significativamente en la estabilidad de la empresa”. Ocqueteau destacó que Quiborax hará todo lo posible para evitar la pérdida de empleos durante este período, subrayando la importancia de la compañía para la economía regional.

Por su parte, Roberto Hernández, presidente del sindicato de Quiborax, expresó su preocupación por el impacto de la medida en los trabajadores, especialmente aquellos vinculados a labores de transporte y contratistas. “La paralización afecta directamente a unas 2.000 personas, entre empleados directos e indirectos. Esto podría desencadenar despidos masivos y pérdidas millonarias para quienes dependen de la faena minera”, afirmó Hernández. Asimismo, advirtió sobre posibles movilizaciones, incluyendo el bloqueo de la ruta 11-CH, como respuesta a lo que consideran una decisión perjudicial para la comunidad local.

El próximo 2 de octubre está programada una visita del Tribunal Ambiental para inspeccionar en terreno las instalaciones.

Trabajadores de Quiborax S.A. bloquearon ayer la Ruta 11-CH, cerca de la Planta El Águila, en protesta contra la medida cautelar que obligaría a la paralización de la empresa, lo que podría dejar a más de 2.000 personas sin empleo directo, afectando a cerca de 8.000 en total. La cautelar se enmarca en la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, por presunto daño ambiental de la empresa en el Salar de Surire.

“Nuestra solicitud es eliminar la medida cautelar que cesa las funciones de la empresa, no interrumpir el proceso judicial. Esta decisión no ha considerado el impacto social, laboral y económico que tendría en la región”, señaló Roberto Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores de Quiborax.

Los manifestantes, que bloquearon el paso de vehículos, exigen la presencia de las autoridades para que se comprometan a gestionar soluciones ante el gobierno central. La preocupación entre los trabajadores es palpable, ya que temen que el cierre de Quiborax, una de las últimas grandes empresas de la región, agrave la frágil situación económica de Arica, la cual se ha visto afectada por altos índices de desempleo, delincuencia y migración irregular, entre otros problemas

En el marco de su programa de mantención y mejoramiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad, Aguas del Altiplano realizará una serie de trabajos en la aducción Pago Gómez – Cerro Chuño este miércoles 11 de septiembre.

Según detalló Marcos Lastra Agurto, Jefe de la Unidad de Redes de Agua Potable de Aguas del Altiplano, las labores se ejecutarán a contar de las 15:00 horas del miércoles 11 y se extenderá hasta las 03:00 de la jornada siguiente, abarcando el cuadrante conformado por Panamericana Norte, Robinson Rojas poniente, Buena Esperanza, Diaguitas, Francia, Mentón, Santiago Arata, La Paz, Chapiquiña, Renato Rocca, Alejandro Azolas, Lecho del Río y calle Tucapel, con un total del 15.338 clientes asociados a esta suspensión programada.
“Para esta jornada están programados trabajos de mejoramiento de la aducción Pago de Gómez – Cerro Chuño, labores de vital importancia para el abastecimiento de la zona norte de la ciudad”, destacó Marcos Lastra.

Agregó que para esta suspensión programada se dispondrá de once puntos de distribución alternativos, los cuales estarán ubicados en Amador Negme con Cancha Rayada; Cancha Rayada con Diaguitas; La Concepción con El Roble; Yerbas Buenas con Cancha Rayada; Eiffel con Lorena; Paris con Garona; Cotacotani con Tarapacá; Codpa con Gonzalo Cerda; Huancavelica con Teniente Merino; Renato Rocca con Codpa y en Llacolén – El Roble.

Cualquier duda o consulta, pude canalizarse a través del Call Center 600 600 9900 o a través de la página web www.aguasdelaltiplano.cl.

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género informó que en la Región de Arica y Parinacota se han registrado 1.495 cancelaciones de deudas de pensión alimenticia a la fecha, de un total de 3.480 deudores.

En mayo de este año el Poder Judicial informó que ya se habían dictado órdenes de pago mediante los mecanismos especiales y extraordinarios que establece la Ley para Pago Efectivo, promulgada por el gobierno.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Roberts, indicó que claramente hay una tendencia por sexo, ya que los deudores hombres suman 3.377 y las deudoras suman un total de 103.

La autoridad llamó a que los deudores y deudoras continúen cancelando sus deudas, “ya que los niños, niñas y jóvenes a quienes les afecta esta falta de recursos son más de cinco mil en la región. Los deudores pueden salir del registro, cuando se ponen al día con los pagos o llegan a acuerdo, lo cual también reporta un beneficio para ellos”, dijo.

Roberts agregó que “la nueva institucionalidad para el cumplimiento del pago efectivo de las pensiones de alimentos ha visibilizado esta tremenda problemática que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños, generando conciencia y un cambio social, evidenciando que el no pago de las pensiones es violencia económica hacia las mujeres”.

Arica y Parinacota se ha consolidado como líder nacional en el control biométrico policial gracias a la implementación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), adquirido por el Gobierno Regional para mejorar el control migratorio de la Policía de Investigaciones en el límite norte.

El éxito que ha tenido esta experiencia impulsada por el Gobernador Regional Jorge Díaz Ibarra y el Consejo Regional, ha dado inicio a la primera fase de un ambicioso plan del Ministerio del Interior, la PDI y la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, que busca expandir el uso del ABIS a nivel nacional.

En este contexto, este viernes comenzó un periodo de prueba de un mes en las localidades de Huara y Colchane, en la Región de Tarapacá.

La prueba fue lanzada con la presencia del Gobernador Jorge Díaz, su homólogo de Tarapacá, José Miguel Carvajal; el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y el subsecretario de Defensa Ricardo Montero. Esta operación arranca exactamente un mes después de que se acordara la expansión del ABIS a todo Chile.

Desde su implementación en la Región de Arica y Parinacota hace un año y cuatro meses, el ABIS ha registrado la identidad de más de 9.000 personas, tanto extranjeras como nacionales.

Mediante un comunicado, Quiborax lamentó el rechazo de su propuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y espera que el Tribunal Ambiental lidere a partir de ahora la mediación, a fin de evitar que con la medida cautelar se paralicen las faenas en el Salar de Surire.

“Como es de conocimiento público, en los 38 años que Quiborax S.A. ha operado en el Salar de Surire, hasta transformarse en la actualidad en la tercera productora mundial de ácido bórico y la empresa más importante de Arica y Parinacota, la compañía nunca ha sido sancionada a nivel regulatorio-ambiental.

Aún así, nos hemos sometido, de buena fe, a un proceso conciliatorio con el Consejo de Defensa del Estado, tras la interposición de su demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en el marco de la cual entregamos una propuesta sólida que fue rechazada apenas 48 horas después de haber sido recepcionada”, señaló Daniel Ocqueteau, director y gerente legal de Quiborax.