La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile declaró su máxima preocupación por los acontecimientos y bloqueos en la ruta Arica- Bolivia, 11 CH, por el conflicto laboral derivado de la paralización de faenas de la empresa Quiborax.

En comunicado, el gremio explicó que “además del corte de carretera por parte de los trabajadores de la empresa, que están siendo despedidos por las medidas derivadas del tribunal ambiental, se trata de una situación que alcanza ribetes internacionales”.
Agregó que “el Gobierno disponga, a través de sus autoridades nacionales y del delegado presidencial, las soluciones necesarias, porque junto a la pérdida de empleos, ya hay 720 camioneros que quedaron sin contratos, causando un grave problema social con pérdidas millonarias para los afectados y sus familias”.

Comentó que “debido al corte de la ruta por las protestas, se está afectando también a otros usuarios dado que esta vía es la única conectividad de mayor estándar entre Arica y el interior hasta la frontera”.

“Que hay una evidente afección al libre tránsito internacional, por los cientos de transportes bolivianos parados, lo que está motivando reclamos de las autoridades del vecino país, en razón de los tratados binacionales”, precisó la confederación.

Fue en el inicio de la XX sesión ordinaria, presidida por la consejera regional , Ximena Valcarce, en que la totalidad de los integrantes del pleno, se pronunciaron para respaldar el envío de una solicitud al Presidente de la República Gabriel Boric, para que tenga a bien declarar estado de excepción constitucional para la comuna de Camarones, a raíz de la crisis generada por los continuos deslizamientos de material rocoso en la Cuesta Chinchorro, hecho que ha puesto en jaque la interconexión vial con dicha comuna y el sur del país.

“Nos sumamos a lo que ha hecho el pleno del concejo comunal de Camarones, de solicitar un estado de excepción constitucional, respecto a esta verdadera catástrofe, y poder disponer de recursos, con el fin de tener una mayor flexibilidad y dar una solución a este derrumbe persistente que ha puesto en jaque a la comuna rural y a nuestra región con el resto del país”, expresó la consejera Valcarce, quién hizo el planteamiento al pleno.

Tras el respaldo unánime de cada uno de los integrantes del Cuerpo Colegiado, la consejera estimó necesario que también los parlamentarios de la zona se sumen en esta acción, y colaboren, con el fin de ir en ayuda de la región, y en específico de la comuna rural, para evitar de una vez el aislamiento total o parcial como ha ocurrido en la última semana.

La reciente decisión de cerrar parcialmente la Cuesta Chinchorro desde las 20 hrs hasta las 08:00hrs producto de los sucesivos derrumbes a inicios de este mes ha desatado una ola de preocupación en la industria del transporte de pasajeros en Arica. Este cierre ha afectado gravemente a empresas de buses que operan entre Arica e Iquique, incluyendo a empresas que realizan viajes diarios en la zona.

Marcos Carter, representante de la Federación Gremial de Buses de Chile (FENABUS), ha expresado su preocupación por la situación. “Hemos experimentado una caída significativa en los ingresos. Esta interrupción ha traído enormes pérdidas financieras para las empresas, y si esto persiste, el desempleo también aumentará, ya que se verán obligadas a reducir su personal”, señaló.

El impacto del cierre no se limita a las empresas de transporte. Proveedores, comerciantes locales y otros actores del sector también están sintiendo las consecuencias económicas de esta interrupción. “Es un efecto en cadena que afecta a toda la comunidad. La actividad económica generada por el transporte es crucial para muchos”, agregó Carter.

La Seremi de Educación de Arica y Parinacota decidió este lunes prolongar la suspensión preventiva de clases en 58 colegios de la región a raíz de una alteración parcial del agua potable suministrada por la empresa Aguas del Altiplano.

El problema surgió debido a la presencia de olor a hidrocarburos en estanques contenedores de agua de la mencionada sanitaria, que provee a un toal de 18.700 clientes.

Durante esta jornada se realizó un Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la Región de Arica y Parinacota, donde se determinó continuar con la medida hasta mañana, cuando concluyan los resultados de las muestras que fueron tomadas por el Servicio de Salud de la región, y enviadas Santiago para su chequeo.

Producto de la emergencia, el Ministerio de Educación también ha realizado coordinaciones para mantener el suministro de alimentos -a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)- para los estudiantes que reciben dicho beneficio.

Los análisis pendientes

Honorino Córdova, jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Arica y Parinacota, detalló a Cooperativa la causa que provocó la emergencia: «(Tras) reclamos que hicieron algunos usuarios, se detectó que un pozo, que se llama ‘El Tododiario’ estaba con olor a hidrocarburos. Ese pozo se aisló del proceso normal y la empresa adoptó las medidas que tiene para dar cuenta de esta situación».

«Mientras la Seremi de Salud no tenga los resultados de las muestras, no se va a levantar ningún acta, porque es un tema de precaución», puntualizó el funcionario.

La autoridad sanitaria regional indicó que el análisis organoléptico realizado este lunes al estanque contaminado no arrojó presencia de hidrocarburos, sin embargo, se está a la espera de un informe de caracterización y cuantificación, que elabora el Instituto de Salud Pública (ISP) en la Región Metropolitana, y podrían estar listos este martes.

«Tenemos un pozo que alimentaba a un sistema de agua, y que ya no lo hace: ese tenía presencia y olor a hidrocarburos. No tenemos el examen que lo diga, pero era evidente, entonces se saca ese pozo de la red el jueves en la tarde, y (desde entonces) el agua se ha ido limpiando de alguna manera», explicó la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Marta Saavedra.

De todos modos, remarcó que «para poder decir que no hay hidrocarburos, necesito una caracterización y cuantificación, y no es un examen que queramos demorar, sino que se demora de por sí».

El delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, enfatizó que «hay químicos que no tienen ni sabor ni olor ni sabor y son venenosos, y no por ello vamos a decir que no existe un peligro. En este caso particular es exactamente lo mismo».

«Que la empresa nos diga a través de sus medios que (el agua) no tiene ni olor, ni sabor, ni color es correcto, lo pudimos palpar y la seremi lo dijo: el primer día ella estuvo en el pozo, y tenía agua que sabía a petróleo, olía a petróleo y visiblemente era petróleo. Por lo tanto, no es contradictorio con lo que verificó la empresa el primer día, ni con lo que la empresa comunicó posteriormente», relevó.

«Lo que sí tenemos que hacer -continuó- es un llamado formal de que el agua potable sólo será tomable desde la llave cuando el órgano competente, que es la Seremi de Salud, entregue los resultados químicos que están en curso».

Investigación de Fiscalía

El Gobierno ingresó una querella criminal contra quienes resulten responsables por el hecho, mientras que la sanitaria Aguas del Altiplano también hizo lo propio, a través de una denuncia.

Por lo anterior, el Ministerio Público informó que inició una investigación, que estará encabezada por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, que ya realiza peritajes y diligencias para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Con un bloqueo en la ruta 11-CH, transportistas, pymes, prestadores de servicios y vecinos de Surire, manifestaron su malestar por la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de no permitirles el traslado de 400 mil toneladas de mineral que ya fue extraído, producido y se encuentra fuera del monumento, lo que permitiría aminorar la cesantía mientras dure el proceso contra la empresa Quiborax.

Samuel Apaza, presidente de uno de los sindicatos de Quiborax, comentó que a la altura del kilómetro 64 de la 11-CH, se reunió ayer un grupo de manifestantes cortando el paso a transporte mayor y vehículos de carga.

“Lo que estamos solicitando es que se comunique con nosotros el Ministerio del Interior, porque ya a nivel regional se han golpeado todas las puertas y no han habido soluciones. Como trabajadores llevamos más de un mes paralizados, así que no descartamos continuar movilizados hasta tener una respuesta”, dijo.

Apaza detalló que al detenerse las faenas en la mina del Salar de Surire por la medida cautelar impuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Quborax, ya se han registrado unos 600 despidos, cifra que podría aumentar en las próximas semanas.
“El juicio aún no comienza, ni siquiera se han sentado a conversar y fuimos los primeros afectados. Esto golpeó directamente nuestras fuentes laborales y a nuestras familias, por lo que estamos apuntando a que el Estado tenga la flexibilidad de dejar que bajemos el mineral que ya se encuentra en las canchas, que está extraído y con eso darnos un respiro a todos”.

En Caleta Camarones, Nicol Castro, presidenta de la junta de vecinos, comparte con voz firme pero cargada de preocupación, la situación dramática para sus necesidades más básicas. “El desabastecimiento de alimentos y agua nos ha golpeado duro, pero estamos trabajando junto al municipio para paliar los efectos”, señaló.

“En un momento crítico, un adulto mayor dependiente de insulina estuvo tres días sin recibir el medicamento”, contó.

Castro relata cómo las gestiones con los servicios de salud regional y el municipio lograron, finalmente, el envío de la insulina, pero la angustia que vivieron no se borra fácilmente. “Dios nos ayudó. El hospital envió la insulina junto a una mercadería para las familias aisladas: pañales, leche, alimentos básicos como avena y harina, que eran esenciales para los niños”. Pero aún persisten muchas preocupaciones en la pequeña caleta.

Continúa desvelando la incertidumbre que sufren los habitantes, que ha obligado a algunos vecinos a cocinar con leña, poniendo en riesgo sus hogares. “Una vecina cocinaba en el patio, que es pequeño. Todos tenemos miedo de un incendio”, confiesa Nicol, reflejando un temor constante que crece con cada día que pasa sin una solución definitiva.

El aislamiento también ha afectado el acceso de los niños a la educación, como un duro golpe a la comunidad, contó. “Decidimos no mandar a los niños al colegio por seguridad, porque ha pasado que quedan al otro lado del corte y no pueden volver. Hay cinco niños que dependen de esos viajes”, agregó afligida por la preocupación de las madres de su comunidad.

Nicol detalló cómo se busca una solución definitiva para garantizar el acceso a comida adecuada a través del colegio de Cuya y las clases, según las gestiones que realiza el municipio.

Con 10 adultos mayores, 3 lactantes y 4 niños dependiendo del apoyo de la comunidad y del municipio, la situación es preocupante en Caleta Camarones.