Entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2024, 32 denuncias ingresaron a tramitación a la Dirección del Trabajo en Arica, por Ley de Prevención y Protección contra el Acoso Laboral, Sexual o Violencia en el Trabajo, más conocida como Ley Karin.

De esta forma, la región se levantó como aquella con menor cantidad de denuncias en el país, seguida de Aysén y Los Ríos. Estas fueron ingresadas a tramitación, siendo octubre del año pasado, el mes con mayor cantidad de denuncias (10).

Por otro lado, y según datos de la Dirección del Trabajo a nivel nacional, las mujeres son quienes más denuncian, en una proporción del 67,8%. En cuanto a la rama de actividad económica, lideran las denuncias las relacionadas con comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; seguida de las actividades de servicios administrativos y de apoyo.

Ahora bien, según materia, la Dirección del Trabajo especificó que la vulneración de derechos y acoso laboral encabezan los reclamos.

La Dirección del Trabajo también define etapas dentro de las denuncias, las que abarcan: Recepción de solicitudes (canal presencial, digital o derivación del empleador); Clasificación (de acuerdo a consistencia del relato y antecedentes aportados); Ingreso para tramitación (asignar la materia que corresponde investigar); y Tramitación (denuncia ya ingresada al sistema y se activa la fiscalización).

El Tribunal Ambiental de Antofagasta realiza la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones finales de la causa de la Fundación Mamitas del Plomo con Fisco de Chile, acusándolo de inactividad e incumplimiento de sus obligaciones legales frente a la presencia de arsénico y otros metales pesados provenientes de acopios de plomo en Arica.
La demanda se fundamenta en lo que sería un “grave y significativo daño ambiental” debido a las omisiones en que habrían incurrido distintos organismos públicos en la gestión de depósitos de metales pesados que datan de la década de los 80.

“El daño ambiental que se denuncia, no se hubiese generado, o no con la magnitud y gravedad que existe en la actualidad, si el Estado de Chile, a través de sus órganos de la Administración hubiesen actuado y cumplido con el deber de cuidado de la vida y salud de las personas y de protección y conservación del patrimonio ambiental de la República”, dice el escrito.

Según la organización, a pesar de las evidencias, las autoridades no han implementado medidas efectivas y obligatorias, lo que ha provocado daño ambiental en el sueño y aire, así como en la salud de la población que residía o reside en las cercanías de los depósitos.
“Mamitas del Plomo” asegura que la comunidad afectada, especialmente niños, niñas y adolescentes, presenta patologías asociadas a la contaminación por metales pesados, las cuales han sido confirmadas por análisis médicos. Además, indican que se detectado la presencia de estos contaminantes en zonas que, supuestamente, están bajo medidas de mitigación.

Otro punto que destacan es que el daño ambiental ha persistido durante más de 40 años, lo que habría ocasionado graves afectaciones en la salud de las personas que residían o residen en las cercanías de los depósitos, evidenciado en altos índices de plomo y arsénico tanto en las personas como en el suelo.

Según un estudio de la Asesoría Técnica Parlamentaria preparado en enero de 2019, la contaminación por polimetales de un sector de Arica, se produjo por la presencia en altas concentraciones de plomo y arsénico en suelos, debido a que entre los años 1984 y 1985 las empresas Promel y Bolliden Metal (de Suecia) internaron y depositaron en la comuna más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos y metales pesados como arsénico, cadmio. Plomo, mercurio, cobre y zinc. La intención original del proyecto era extraer oro y plata de los residuos.

Los polimetales se depositaron en terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales conocido como Sitio F, donde fueron abandonados.

La Comisión Carnaval del Concejo Municipal, presidida por el concejal Mario Mamani, abordó diversos temas relacionados con el Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol 2025, uno de los eventos más importantes de la región.

Durante la reunión, la Oficina de Eventos informó que se instalarán seis escenarios con condiciones mejoradas, los cuales estarán estratégicamente ubicados a lo largo del circuito del evento. Esta medida busca optimizar la experiencia tanto para los participantes como para el público, garantizando un espectáculo de mayor calidad.

Sin embargo, en el tercer capítulo del programa “Las Estrellas del Carnaval”, donde se presentaron los bailarines de los Tinkus Jacha Marka, la Diablada San Marcos de Arica, y Jocelyn Barrera, la “Española”, quien inició su carrera bailando con los Waca Waca Residentes Bolivianos, se destacó una preocupación sobre el recorrido aprobado por la Mesa Carnaval en conjunto con la Confraternidad de Bailes Andinos Inti Ch’amampi, la Federación Kimsa Suyu y la Municipalidad de Arica, ya que, el actual trayecto no responde adecuadamente al tiempo y la inversión de las agrupaciones, solicitando que se reincorpore el tramo que pasa por el frontis de la Catedral San Marcos.

Ana Supanta, dirigente y bailarina de Tinkus Jacha Marka, expresó: “Creo que el recorrido es muy corto. Si comparamos todo lo que ingresa en la parte turística, nuestra parte ya está cumplida. Vamos con el pie derecho a engrandecer el carnaval, pero para eso necesitamos un lugar adecuado para ensayar y un recorrido más extenso”, declaró.
Lorena Llanos, Ñusta de la Diablada Corazón de Arica, comentó: “Llevamos mucho tiempo de preparación. Tenemos ganas de mostrarle a la gente nuestros trajes, pasos y coreografía. Es una pena que el recorrido sea tan corto, especialmente para el público que asiste”.

Por su parte, los animadores del Carnaval Con la Fuerza del Sol, Rolando Alarcón ‘Waliki’ e Ingrid Blanco ‘Sherry’, destacaron que el Carnaval con la Fuerza del Sol es el más grande de Chile, pero a la vez el más corto en cuanto a su circuito, ya que no supera el kilómetro de distancia. “Hemos recibido comentarios de muchos de nuestros fraternos que lamentan la reducción del recorrido. Es muy bonita la imagen de la Catedral en armonía con nuestros bailarines”, reiteró Blanco.

En un caso que combina la complejidad del tráfico de drogas y la vulnerabilidad social, la defensora de la Defensoría Penal Pública Indígena, Sofía Makaus, consiguió que el Tribunal de Garantía de Arica revocara la prisión preventiva de su representada, una mujer indígena y madre de tres hijos, acusada de tráfico de ketamina.

En la revisión de la medida cautelar se demostró la perspectiva de género, la situación de vulnerabilidad y el interés superior del lactante, estableciendo arresto domiciliario total y arraigo nacional como medidas cautelares.

El caso de la mujer imputada, detenida el 5 de septiembre en el Complejo Fronterizo de Chacalluta con 2,5 kg de ketamina adheridos a su cuerpo, ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en conflicto con la ley.
Representada por la abogada Sofía Makaus, defensora especializada en casos de comunidades indígenas, la imputada logró obtener un trato diferenciado al acreditarse múltiples factores de vulnerabilidad.

La defensa presentó argumentos basados en normativa internacional, como las Reglas de Bangkok y la Convención de Belem do Pará, enfatizando la necesidad de no medidas privativas de libertad para mujeres en situación de pobreza, indígenas y madres responsables de hijos menores. Además, se citó una clave precedente: el amparo acogido por la Corte Suprema (ROL 14.281-2024), que resalta la importancia del interés superior del niño en casos similares.

“Se trata de una madre indígena, sin antecedentes penales, que enfrenta precariedad económica y ejerce un rol de jefa de hogar. Su permanencia en prisión no solo la castiga a ella, sino también a su hijo lactante, quien está privado de libertad junto a su madre en condiciones poco adecuadas para su desarrollo”, argumentó Makaus.

Desde la Defensoría, se informó que el magistrado Rodrigo Urrutia Molina, al resolver la audiencia de revisión de medidas cautelares, destacó que la prisión preventiva, en este caso, no era proporcional. Señaló que el contexto de vulnerabilidad y las responsabilidades familiares de la imputada justificaban una “desescalada de la respuesta penal”. El tribunal valoró además el informe social que detalló la historia vital de Vargas, su origen indígena y los patrones de género que condicionaron su actuar.

“El interés superior del niño, junto a los antecedentes de la imputada, hicieron ineludible optar por medidas alternativas que garanticen tanto su integridad como la de su hijo”, concluyó el magistrado.

Durante el trabajo de revisión de fiscalizadores de Aduanas a un bus de una empresa de transportes que realiza el traslado de pasajeros desde Bolivia a Chile, en el segundo piso se descubrió una caja de juguetes que contenía un yacaré bebé embalsamado de aproximadamente 20 centímetros de alto.

Se trata de una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y su comercio se encuentra prohibido en el país.

Al ser consultados, las personas que transportaban esta mercancía prohibida indicaron que se trataba de un regalo de un familiar, manifestando, además, desconocer que el yacaré es una especie protegida y que su posesión es ilegal en Chile.
Por parte del Servicio Nacional de Aduanas se determinó que los hechos constituyen el delito de contrabando. El yacaré quedó a disposición del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

“El presente hallazgo pone de manifiesto la importancia fundamental de la rigurosa fiscalización en esta materia llevada a cabo por el Servicio Nacional de Aduanas en nuestras fronteras, en la protección de las especies en peligro de extinción”, declaró el director regional de la aduana de Arica, Luis Zárate Quiero.