Para analizar la problemática de seguridad pública que afecta a los vecinos de las inmediaciones de Cerro Chuño, la Comisión de Seguridad Pública del Senado, efectuada este jueves en el Hotel Arica, recibió, entre otros invitados, a la presidenta de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA Chile), la ingeniera y Máster en Gestión de la Sustentabilidad, Carmen Gloria Ide.
“Las quemas ilegales en Cerro Chuño reflejan un problema estructural, no solo coyuntural, sino que son consecuencia de una mala gestión histórica de residuos peligrosos en la región. Hoy, la autoridad actúa desde la emergencia, lo cual es correcto como país, pero es muy importante que podamos abordar las causas de fondo, para que, en algunos años más, no estemos discutiendo los mismos temas”, precisó la profesional.
“Existen decenas de informes, el último emitido precisamente por la PDI, dada la demanda al Estado que realizó la organización Mamitas del Pomo. Es una investigación muy cruda, porque se supera la norma nacional e internacional en metales peligrosos. Lo que, por supuesto, al contacto con la salud del medio ambiente es altamente tóxico”, precisó Ide.
En este contexto, dijo que las quemas ilegales actuales son parte del mismo problema, porque hay residuos mal gestionados y abandonados que se vinculan a la contaminación, a la delincuencia y a la vulnerabilidad, que termina siendo un problema de salud de las personas y de salud pública, siendo el foco principal, el vertedero emplazado en la parte trasera del Cerro Chuño.
El presidente de la Comisión de Seguridad, senador José Pilo Durana pidió el acuerdo a sus pares para que se oficie a la Contraloría General de la República ya que los vecinos afectados con las quemas ilegales entregaron, en el mes de marzo, un informe a la Contraloría Regional para que se pronuncie con respecto a esta situación, sin respuesta hasta la fecha.
También se acordó reiterar lo oficiado por la Fundación Mamitas del Plomo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que, en el mes de enero, en Arica se comprometió a revisar el proyecto que regula la importación y exportación de residuos peligrosos, que se enmarca en el convenio de Basilea al cual está sometido el país. “Hasta la fecha, no han dado respuesta a las dirigentes”, concluyó Durana.