En un caso que combina la complejidad del tráfico de drogas y la vulnerabilidad social, la defensora de la Defensoría Penal Pública Indígena, Sofía Makaus, consiguió que el Tribunal de Garantía de Arica revocara la prisión preventiva de su representada, una mujer indígena y madre de tres hijos, acusada de tráfico de ketamina.
En la revisión de la medida cautelar se demostró la perspectiva de género, la situación de vulnerabilidad y el interés superior del lactante, estableciendo arresto domiciliario total y arraigo nacional como medidas cautelares.
El caso de la mujer imputada, detenida el 5 de septiembre en el Complejo Fronterizo de Chacalluta con 2,5 kg de ketamina adheridos a su cuerpo, ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en conflicto con la ley.
Representada por la abogada Sofía Makaus, defensora especializada en casos de comunidades indígenas, la imputada logró obtener un trato diferenciado al acreditarse múltiples factores de vulnerabilidad.
La defensa presentó argumentos basados en normativa internacional, como las Reglas de Bangkok y la Convención de Belem do Pará, enfatizando la necesidad de no medidas privativas de libertad para mujeres en situación de pobreza, indígenas y madres responsables de hijos menores. Además, se citó una clave precedente: el amparo acogido por la Corte Suprema (ROL 14.281-2024), que resalta la importancia del interés superior del niño en casos similares.
“Se trata de una madre indígena, sin antecedentes penales, que enfrenta precariedad económica y ejerce un rol de jefa de hogar. Su permanencia en prisión no solo la castiga a ella, sino también a su hijo lactante, quien está privado de libertad junto a su madre en condiciones poco adecuadas para su desarrollo”, argumentó Makaus.
Desde la Defensoría, se informó que el magistrado Rodrigo Urrutia Molina, al resolver la audiencia de revisión de medidas cautelares, destacó que la prisión preventiva, en este caso, no era proporcional. Señaló que el contexto de vulnerabilidad y las responsabilidades familiares de la imputada justificaban una “desescalada de la respuesta penal”. El tribunal valoró además el informe social que detalló la historia vital de Vargas, su origen indígena y los patrones de género que condicionaron su actuar.
“El interés superior del niño, junto a los antecedentes de la imputada, hicieron ineludible optar por medidas alternativas que garanticen tanto su integridad como la de su hijo”, concluyó el magistrado.